Periodista y escritor
Uno de los sinsentidos que están generando los rápidos cambios de nuestra sociedad corresponde a la manipulación del significado de conceptos éticos y morales creados por la sociedad burguesa, y revisados por la sociedad del bienestar. Las fuerzas ideológicas reaccionarias e involucionistas están levantando la bandera de la libertad total frente a la estabilidad social mientras alimentan, de manera descarada y a la luz del día, la destrucción de una democracia configurada por las aspiraciones de una sociedad europea en la que hemos crecido durante la segunda mitad del siglo XX y arranque del XXI (los españoles un poco más tarde que las otras naciones).
Los defensores de la libertad total, de la libertad de expresión sin restricciones, no están hablando de un derecho básico para incorporar a la convivencia el libre juego de opiniones, la posición del disidente o los argumentos del opositor. Su bandera, por el contrario, busca la destrucción del contrario, amparándose muchas veces en la hegemonía social de las plataformas tecnológicas de la comunicación digital y en la clara prepotencia económica de quienes se han enriquecido con ellas en una sociedad globalizada.
Si hoy queremos hacer una reflexión sobre lo que representa la libertad de expresión en el ejercicio de nuestros derechos como ciudadanos libres y responsables, lo primero que debemos clarificar es el sentimiento de culpabilidad que genera promover una limitación de este derecho cuando se aplica a medios, personas y grupos que buscan dinamitar la estructura básica de nuestras democracias. La razón para actuar así es muy sencilla y reclama urgencia atenderla. Las nuevas instancias sociales y políticas, marcadamente supranacionales, están creando estados de opinión y construyendo relatos falsos de nuestra realidad social para generar el caos, para intentar desgobernarnos por medio de la mentira y la manipulación que aporta una expresión supuestamente informativa. Están creando un mundo al revés para trasladar la hegemonía ideológica progresista a su terreno neoliberal.
La libertad no es un valor absoluto, en general está condicionada por el espacio social en el que se practica y por las características de los ciudadanos que la reclaman y aplican. Del mismo modo que la objetividad constituye una pauta informativa a la que se aspira en una buena práctica profesional del periodismo, un bien de cohesión social al que nos aproximamos cada vez que difundimos un relato de la actualidad; del mismo modo que definirse como profesional independiente es una apuesta para poder situarse entre contrarios y prestar un servicio público informativo lo más amplio posible; del mismo modo que separamos información de opinión y distinguimos entre relatar unos hechos y calificarlos… la libertad de expresión tiene unos condicionamientos ciudadanos y debe regularse desde la esfera parlamentaria y desde los gobiernos para impedir que en lugar de actuar como instrumento integrador, que garantice diversidad y crítica, se transforme en altavoz de autodestrucción ultraliberal de nuestra convivencia en democracia.
La actualidad de los últimos tiempos avala numerosos ejemplos de cómo la libertad de expresión requiere una nueva regulación y reclama una tutela profesional y legal para que no favorezca una sociedad desinformada, contraria a gestionar y garantizar la estabilidad entre diferentes, entre pobres y ricos, entre razas, entre tradiciones y culturas diversas, entre minorías y mayorías.
Derecho a la información veraz
La libertad que goza actualmente el periodista Julen Assange en su país, Australia, después de permanecer más de una década en arresto, no ha sido un hecho gratuito. El polémico cofundador de Wikileaks ha debido pagar antes una pena ética muy pesada: reconocer que violó la ley de espionaje de Estados Unidos cuando difundió una información veraz sobre crímenes de guerra cometidos por los americanos en los conflictos internacionales de Irak y Afganistán. ¿No es un derecho ciudadano conocer las actuaciones reales de gobiernos y administraciones en los conflictos bélicos? ¿Por qué se priva de libertad a un profesional cuando está ejerciendo un periodismo independiente? Podemos plantear otro interrogante más que se deriva del caso Assange: ¿Por qué parece normal calificar de criminal a un periodista cuando desvela unos secretos que ponen en tela de juicio las razones públicas que justificaron la actuación bélica americana en estos conflictos? ¿Informar con pretensión de reconstruir el relato veraz de los hechos comprobables es un delito, es un hecho criminal que merece ser juzgado y castigado?
Por asociación de ideas podemos llevar la interrogación a otro hecho que implicó directamente a España. ¿Es un delito informar con documentos pertenecientes a servicios de inteligencia o agentes secretos de que Estados Unidos, Reino Unido y España mintieron al justificar la guerra de Irak con la existencia y el uso decidido de armas de destrucción masiva por parte del país invadido y destruido?
La pareja del cofundador de Wikileaks, Stella Assange, su abogada durante los últimos años, ha estado el pasado verano unas horas en la población castellonense de Benicassim para participar en un foro social, convocado como actividad complementaria del Rototom Sunsplash, festival reggae de acreditada continuidad y proyección internacional. Stella quería con su breve presencia agradecer a numerosos españoles su apoyo estos años al movimiento social a favor de la liberación de Julen. Al mismo tiempo quería recordar que la libertad de expresión es una de las garantías de la convivencia democrática. ”Si desaparece la libertad de expresión”, recordó Stella al auditorio de Benicassim, “nos quedamos en un mundo manipulable, en una sociedad impotente, incapaz de defenderse, porque no puede tomar decisiones con la información correcta. Sin acceso a ella, la sociedad se aleja de la realidad”.
Poco después, a primeros de octubre, Assange afirmó ante el Consejo de Europa, en Estrasburgo: “Soy libre porque me declaré culpable de hacer periodismo”, por divulgar 200.000 documentos diplomáticos reservados, facilitados por una fuente fiable y contrastada. Poco después de sus palabras este organismo europeo independiente aprobaba una resolución que calificaba al periodista e informático de “preso político”.
El dilema que plantea el caso Assange en el que una Administración, por su lado, reclama el derecho a bloquear la libertad de expresión para garantizar la seguridad del Estado frente a potencias extranjeras, mientras los periodistas, por otro lado, defienden su compromiso a controlar con la verdad informativa el ejercicio del poder, ofrece otra vertiente complementaria en la reciente historia española, posible origen del permanente desencuentro entre los dos partidos políticos mayoritarios. Me refiero al comportamiento de la Administración española, puesta al servicio del gobierno popular de José María Aznar, cuando intentó crear una realidad informativa paralela sobre las supuestas razones que habían provocado el atentado de Atocha de 2004 con 192 muertos y 1.800 heridos. En esta encrucijada informativa los límites a la libertad de expresión vinieron dados por unos intereses partidistas que pretendieron mantener vivo el terrorismo de ETA como factor principal de inestabilidad del país. ¿Quién inventó las mentiras informativas, las falsas teorías conspirativas que negaron, pese a las evidencias iniciales y a las posteriores resoluciones judiciales, la calificación de atentado yihadista, para ocultar que la política de seguridad del gobierno Aznar había sido un fracaso al desconocer la preparación yihadista del 11M? Ciertamente al PP no le salió gratis, recibió el correctivo social de una buena parte de la sociedad española. Su gran mentira le costó el Gobierno de la nación y generó la decepción de un amplio sector del electorado que impulsó un cambio político durante dos legislaturas para ajustar el relato de la actualidad a la verdad de los hechos.
¿Qué derecho a ejercer su libertad de expresión podemos atribuir a un gobierno que conscientemente manipula una opinión pública y subvenciona a determinados periódicos y televisiones para que amplifiquen la onda expansiva de su versión inventada de los hechos? ¿El artículo 20 de la Constitución española ampara esas actuaciones fraudulentas? En aquella feria informativa, que pretendía acogerse al ejercicio sin cortapisas de la libertad de expresión, tuvieron notable protagonismo medios de información generalistas que, al comprobar los buenos réditos económicos que producía vender y alimentar a diario la versión de atentado etarra, atrajeron a un lector conservador que abandonó su fidelidad a diversas cabeceras informativas. Pongamos nombre y apellido: el diario El Mundo libró una batalla informativa casi mortal contra el diario ABC al que arrebató un amplio número de lectores y le dejó en una posición empresarial muy débil.
En la misma línea de razonamiento y cuestionamiento podemos plantear la incongruencia de la política informativa y cultural defendida por políticos de Vox. El hasta hace unos meses vicepresidente de la Generalitat valenciana, el torero Vicente Barrera, con competencias en el área de Cultura, justificaba los recortes que había decidido aplicar a determinadas expresiones artísticas y creativas valencianas, a su voluntad de implantar una cultura blanca, carente de ideología y dogmatismo, según el político valenciano. “No creemos que sea justo, lógico ni asumible que con el dinero de todos se haga política y se intente colonizar conciencias… Queremos ir hacia una cultura blanca, donde no sea un arma de colonización de conciencias y de adoctrinamiento político”. ¿Esta línea de actuación política de qué manera garantiza el respeto constitucional a la libertad de expresión? ¿Desde cuándo la cultura es blanca, si entendemos por blanco la ausencia de opiniones, críticas y ficciones?
Los dirigentes y militantes de Vox, en los gobiernos locales en los que aplican su poder ideológico, muestran abiertamente su ideología, sin blancuras ni ambigüedades. Su programa ideológico no lava más blanco a nuestra sociedad, por el contrario ensucia la democracia al aplicar la censura directamente a los creadores que cuestionan y reinventan la vida social y el sistema actual.
A los vecinos de Quintanar de la Orden (Toledo) se les privó de disfrutar con el espectáculo Qué difícil es, de las compañías Los 90 Producen y La Mandanga, porque salían cuatro actores en ropa interior-calzoncillos-boxers. Siguiendo esta línea de razonamiento de cultura blanca, ¿por qué no se prohíbe la publicidad de modelos con boxers blancos de Calvin Klein, Armani, Jim y Punto Blanco que inundan las vallas urbanas, plataformas y televisiones? A los vecinos de Valdemorillo (Madrid) se les prohíbe sacar la entrada para ver Orlando, de Virginia Wolf, producción de Teatro De Fondo porque se habla de transexualidad. Los de la cultura blanca también pretenden tapar la boca a cualquier espectáculo que trate del terrorismo y sus consecuencias sociales. Por eso intentaron boicotear la programación en Madrid del espectáculo Altsasu, escrito por María Goricelaya y producido por La Dramática para el Teatro de la Abadía, porque analizaba un conflicto entre jóvenes y guardias civiles en un bar de Altsasu (Navarra). Por presión judicial de COVITE y grupos ultras, este hecho informativo pasó de ser un altercado violento a convertirse en una supuesta actuación terrorista. Por fortuna el mundo de la cultura premió esta producción con dos galardones Max.
Cultura blanca equivale a censurar, manipular judicialmente, y también retirar la subvención a quienes defienden la diversidad y la integración (premios Miguel Hernández, de Orihuela (Alicante), por citar otro ejemplo) para transferir los apoyos presupuestarios ampliamente a quienes defienden la cultura del toro, la reconquista contra el moro infiel y la tradición patriotera trufada de nacionalcatolicismo. Niegan la libertad de expresión cuando dicen reivindicarla y salvaguardarla frente a los colonizadores dogmáticos, porque sólo aceptan que se divulgue su versión reaccionaria de la sociedad, una cultura construida con las negras cenizas de Farhenheit 451.
Libertad de mentir
La última edición de los Premis a la Llibertat d’Expressió, que otorga anualmente la Unió de Periodistes Valencians (UPV) desde mediados de los 80, ha reconocido la persecución judicial contra el periodista Carlos Sosa, director del diario digital Canarias Ahora, emprendida por el juez Salvador Alba, en respuesta a las informaciones publicadas en este medio sobre su condena en firme por prevaricación, malversación y falsedad documental a raíz de la campaña emprendida contra la magistrada Victoria Rosell, esposa de Sosa y dirigente de Podemos. El ahora querellante, el juez Alba, además fue condenado a seis años y medio de prisión y dieciocho de inhabilitación. Pues bien, la persecución emprendida por este magistrado condenado se sustancia ahora en acusar al periodista Sosa de revelación de secretos, odio y acoso, y en solicitarle una fianza de 422.500€ y 23 años de prisión.
El ejercicio profesional de determinados representantes del poder judicial, marcados por la corrupción y el comportamiento mafioso antidemocrático, produce la insólita situación de que el culpable sea el periodista que desvela una verdad informativa y no el artífice de unos hechos transmitidos a la opinión pública con manipulación, ejerciendo la falsa libertad de mentir. Matar al mensajero, desprestigiar al periodista independiente, es la técnica que emplean los sectores antidemocráticos de la judicatura y de la vida pública española. Limitan la libertad de expresión cuando con sus actuaciones amenazan, culpan y castigan al que produce la información veraz, honesta y contrastada.
En la misma edición de estos premios también se ha galardonado al periodista palestino Wael Al-Dahdouh, jefe de la agencia Al-Jazeera en la franja de Gaza, como representante del Sindicato de Periodistas Palestinos, para de esta manera denunciar la marginación y la manipulación de la información propalestina en la actual guerra con Israel. En sus palabras de agradecimiento Al-Dahdouh insistió en la dificultad de ejercer la profesión con objetividad y rigor porque Israel los expulsa de la franja de Gaza, destruye a sus familias y bloquea la difusión del punto de vista informativo palestino, una de las dos partes básicas del conflicto internacional.
Si analizamos el listado de galardonados por estos premios valencianos desde su creación, descubriremos que el uso exterminador que hace la extrema derecha de la libertad de expresión a través de los tribunales para amordazar la información crítica de medios y periodistas ya se ejercía a mediados de los años 80. El Equipo B. Perez, adscrito al semanario Valencia Semanal, integrado por varios periodistas que ejercieron de colectivo de investigación, fue merecedor del galardón al sufrir una persecución judicial por desvelar en una serie de reportajes las conexiones de la ultraderecha valenciana con el movimiento anticatalanista, que entre otros objetivos, intentó desestabilizar el acceso socialista a las instituciones autonómicas y municipales. ¿Por qué desde hace cuarenta años se mantienen puertas abiertas en la judicatura para que entren querellas promovidas por grupos y organizaciones de ultraderecha cuyo objetivo es limitar la libertad de expresión y reforzar los valores involucionistas que postula su ideología? ¿Estas iniciativas qué novedad aportan a nuestros valores democráticos, qué presupuesto público consumen en causas cuyo contenido no beneficia a la mayoría de nuestra sociedad española?
En aquellos tiempos también nos manifestamos cuando se cerró un medio de información como Diario de Valencia, por decisión de sus propietarios, cubiertos con unas máscaras que mostraban una boca tapada por un grueso trazo rojo. Se trataba de salvar una voz amordazada, que durante unos años había enriquecido la libertad de expresión en un restrictivo panorama informativo procedente de la censura franquista, repartido exclusivamente entre la prensa oficial y la prensa liberal conservadora de la ciudad de Valencia. Un mercado informativo plural, con medios públicos y privados, no monopolístico, con empresas afines a las diversas tendencias del arco político, es el ecosistema periodístico más adecuado para un ejercicio profesional que respete la diversidad ideológica y la libertad de expresión.
Pluralidad e independencia de los medios
Y es que la libertad de expresión no sólo depende del ejercicio profesional de cada periodista sino también de la existencia de numerosos y variados medios que divulguen información y opinión en el marco de un debate respetuoso con los valores constitucionales y la convivencia democrática. La sociedad europea está escarmentada de alentar caballos de Troya, que llegan con aires de reconquista y con líderes salvapatrias, que una vez dentro del espacio público son capaces de destruir unas relaciones sociales marcadas por pactos de reconocimiento de la diversidad, y después convencen a amplios sectores de la ciudadanía de que su razón involucionista y sectaria es la única razón de Estado.
La pluralidad ideológica de medios empresariales comprometidos con la información y la comunicación garantiza que los periodistas podamos realizar un trabajo respetuoso con la libertad de expresión. Pero no es esa la fotografía del momento actual en España. El panorama periodístico se asfixia con las campañas de desinformación, la mentira y la manipulación, impulsado y alimentado por redes cuyos criterios ideológicos escapan del control social y por profesionales amparados en unos portales digitales (empresas fantasma) sostenidos por fondos públicos y sin lectores acreditados. Ante estos hechos la Unión Europea y algunos gobiernos como el español han decidido poner ciertos límites a la libertad de información aprobando unas medidas que afectan en especial a las empresas y entidades que difunden bulos, caracterizadas por una opacidad sospechosa. La reacción ultra ha sido rápida: Abajo la censura, arriba la libertad de expresión. En fin, el mundo al revés. ¿Es censura tapar la boca a quien difama y difunde bulos?
El nuevo Reglamento europeo pretende construir una coraza normativa para robustecer el pluralismo y la independencia de los medios de información. Del mismo modo acepta que el nuevo ecosistema audiovisual en el que circula la información obliga a aplicar esos límites a las redes sociales y empresas tecnológicas que compiten con los medios tradicionales (prensa, radio, televisión) por ejercer cierto liderazgo en la información diaria en todo el mundo. Este Reglamento está acompañado por una partida presupuestaria de 4.800 millones de euros a invertir en dos años que permita llevar a cabo sus recomendaciones.
En primer lugar se prohíbe a las autoridades el uso de programas espías para presionar el trabajo de los periodistas y descubrir sus fuentes de información. Sólo con autorización judicial y conocimiento del investigado podría autorizarse temporalmente esta medida. A las tecnológicas Facebook, X e Instagram se les prohíbe censurar la circulación de contenidos elaborados por medios independientes, sin pedir antes la mediación de un órgano extrajudicial que resuelva el litigio, el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, entidad que se debe crear en la Unión Europea y en cada uno de los 27 países socios.
En el ámbito de la información de empresas públicas el Reglamento exige transparencia y controles objetivos tanto en la elección y cese de sus directivos como en los contenidos informativos, que deben responder a un sentir mayoritario de la sociedad donde operan. En el ámbito de las empresas privadas o semipúblicas se regulan una transparencia absoluta sobre los fondos públicos y subvenciones que sanean el presupuesto de esas cabeceras digitales o analógicas y un control objetivo del número de oyentes, lectores y espectadores. Esta información junto con la información sobre los propietarios reales del medio periodístico formará parte de un registro centralizado gestionado por el Comité Europeo y los comités nacionales que garanticen la pluralidad del mercado de la información.
Si intentamos analizar el actual ecosistema informativo español encontraríamos numerosas cabeceras apoyadas directamente desde gobiernos regionales, ayuntamientos y diputaciones, sin censo real de suscriptores o usuarios y con plantillas mínimas de profesionales -o hacedores de bulos-, que en muchos casos no pueden acreditarse como periodistas en las organizaciones profesionales del sector porque su función social no tiene nada que ver con el periodismo democrático.
Sensible con esta problemática y regulación del mercado, el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, tuvo la novedosa iniciativa de ofrecer en una carta a cada uno de sus lectores toda la información del último ejercicio presupuestario. Este es un buen ejemplo a seguir por otros medios si quieren ganar credibilidad entre los lectores. En su escrito personal Escolar explica que la única subvención pública recibida en 2023 fue una partida de la Unión Europea de 233 mil euros para renovación tecnológica, y la publicidad institucional del Gobierno de España ascendió a 548 mil euros, un 3’9% de los ingresos totales del diario en un año. Este periódico digital prohíbe que un solo anunciante supere el 10% de los ingresos. De toda la inversión publicitaria del Gobierno y empresas públicas este medio recibió el 0,2%.
Detrás de la cabecera, solamente digital, no hay ninguna empresa ni partido político o religioso, la propiedad la tiene en su mayoría los mismos profesionales que trabajan en la redacción y sociedad editora. El principal socio económico es el director Ignacio Escolar. Once años después de su creación elDiario.es tiene más de 86.000 socios-suscriptores (1.100 tienen cuota gratuita por ser parados y un alto porcentaje paga una cuota superior a la suscripción) y unos lectores diarios estimados en 1 millón y medio, cifra que le sitúa en tercera posición de la difusión on-line en España (primera posición, El País, segunda, El Mundo). Si todos los medios analógicos y plataformas digitales realizaran este ejercicio de transparencia encontraríamos posiblemente la explicación de cómo portales web de desinformación, sin profesionales ni lectores, crean en pocos días situaciones informativas inventadas que nada tienen que ver con el control del ejercicio diario del poder político y la gestión pública.
Para concluir estas reflexiones sobre la transformación perversa de la libertad de expresión en libertad para construir mentiras y bulos, quiero recordar las palabras del dramaturgo noruego John Fosse que escribió en el mensaje del último Día Mundial del Teatro: “Al mismo tiempo que somos diferentes, también somos iguales. Las personas de todo el mundo somos fundamentalmente iguales, sin importar qué lengua hablemos, qué color de piel o de pelo tengamos”. Para este brillante escritor la libertad de creación artística es la mejor manera de unir opuestos, de integrar diferencias. “El arte no se expresa provocando que todo sea igual, por el contrario, nos muestra nuestras diferencias, aquello que es ajeno o extraño”. John Fosse concluía: “Es tan simple como que la guerra y el arte son opuestos, como la guerra y la paz son opuestos. El arte es paz”.
La libertad de expresión y la libertad de información deben ser reguladas y protegidas para reforzar y asegurar una sociedad plural, una sociedad de contrarios, una democracia que integre las diferencias mediante pactos y negociación. La desinformación sólo persigue la destrucción del oponente y la desaparición de la pluralidad ideológica y cultural.
